Morelia/Héctor Tapia
El problema que se vive en la zona de Tierra Caliente es un problema multifactorial, no sólo es de seguridad, también es por falta de empleo, de oportunidades, de educación, considera José María Cázares Solórzano, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán.
En entrevista, el ombudsman dice que el problema de los derechos humanos es un problema de Estado, del Estado Mexicano, y que afecta a todo el país en general, no sólo a Michoacán.
En ese sentido señala que se hizo un diagnóstico sobre la zona de tierra caliente, esto desde febrero del 2014, y se determinó en dicho diagnóstico que los conflictos que ahí prevalecen vienen de por lo menos dos décadas atrás, “se siguen viviendo”.
Este diagnóstico, señala, se volvió a exponer durante el informe de actividades que se presentó por parte de la comisión, en el mes de septiembre pasado.
De esta forma Cázares Solórzano apunta que se expuso que la crisis que se enfrenta en Tierra Caliente no sólo se ataja “con instaurar medidas de seguridad, con medidas, incluso, de represión, sino que se debe basar en un estudio sociológico en la zona, para destrabar situaciones añejas que se dan”.
El presidente de la CEDH dice que para ir superando los problemas que se tienen en esa zona del estado “debe de reactivarse la economía pero una economía participativa, no asistencialista”.
Aprovecha y señala que “es una buena oportunidad para Michoacán que los aspirantes a gobernador puedan tener en mente un cambio de modelo social para que el estado salga adelante, porque si seguimos por la misma ruta novamos a ver cambios sorprendentes y esto las futuras generaciones nos lo van a reprochar”.
Respecto a las dependencias que han resultado con más quejas por parte de la ciudadanía, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, están la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación en el Estado, y la Secretaría de Salud, en lo que refiere a las instituciones del gobierno michoacano. Aunque, precisa, “tenemos que aclarar que el hecho de que recibamos quejas deriven todas en una recomendación”.
En lo que respecta al gobierno federal, dice, quienes reciben más quejas ante el organismo son la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, y el ISSSTE.
Sobre los ex policías que fueron despedidos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ambos dependientes del gobierno michoacano, dijo que se les hizo llegar las respectivas recomendaciones.
A trasvés de estas, señala, se les recomendó que indemnizaran de manera correcta y legal a las personas que despidieron “y, haciendo una proyección humanista, proponemos que se creen algunas fuentes de empleo alternativas, si bien es cierto no puede regresar por ley a sus puestos, si pueden tener algunas alternativas de empleo par ano quedar desamparadas sus familias”.
Sin embargo, apunta Cázares Solórzano, “por desgracia ambas instancias no aceptaron las recomendaciones”; dice que ambas recomendaciones “fueron recurridas por los quejosos y como es nuestra obligación la dirigimos a la nacional (CNDH) quien será la que determinará lo conducente”.
