Morelia/Juan Ignacio Salazar
Integrantes del Centro Michoacano de Evaluación (Cemide), presentaron ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado, una solicitud de juicio político contra el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), José Luis López Salgado, por lo que calificaron como graves omisiones en el endeudamiento estatal.
Encabezados por su líder Roberto Ramírez Delgado, se dijo que la organización logró agrupar a 152 ciudadanos que signaron independiente de Cemide, el recurso legal, el cual esperan no sea desechado, pues se han reunido las pruebas suficientes que acreditan la responsabilidad de la ASM en el endeudamiento que mantiene sumido en crisis a Michoacán.
Ramírez Delgado, acompañado por miembros de la asociación civil provenientes de diversas regiones de la entidad, dijo en conferencia de prensa que “no se trata de una acción de carácter político” y pidió a los legisladores atender la procedencia del juicio para aplicar la ley a quienes han sido omisos en su labor.
Confió que el procedimiento no vaya a parar a la congeladora del Poder Legislativo de cara al proceso electoral del 2018.
En voz de Arturo Herrera Cornejo, integrante de la agrupación, se explicó que el procedimiento tiene fundamento en los artículos 108 y 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, asi como en los artículos 291 a 304 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; y 29 a 36 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios, amén de lo que se establece en el 9 y 13 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán.
Tras aludir que el auditor superior de la entidad, López Salgado ha incurrido en probable responsabilidad por la violación del artículo Quinto transitorio del decreto 351 -publicado en el Diario Oficial del Estado el 26 de noviembre de 2014-, se afirmó que el funcionario en su calidad de titular de la ASM “se abstuvo de entregar informe al Congreso local dentro de los 30 días a que se refiere el artículo”.
Acusaron al funcionario de haberse limitado a usar los datos generados por la Secretaría de Finanzas y Administración y por la fiscalización realizada a la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del ejercicio fiscal 2013, con lo que eludió responsabilizarse en lo personal de la veracidad de los datos contenidos en el informe.
Recordaron que el Congreso del Estado había instruido a la ASM a que rindiera el informe, lo cual significa que su representante fuera el responsable de informar los desembolsos efectuados por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del crédito simple contratado con Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, como acreditante, especificando detalladamente su aplicación.
“Es decir, la instrucción del Congreso fue que el auditor proporcionara información confiable y segura y no a que asentara lo que decía la Secretaría de Finanzas y Administración”.
