Morelia/ Redacción
La política de seguridad es una labor propia de las corporaciones policiales y de seguridad pública, no del Ejército.
Sin embargo, con la promulgación de la llamada Ley de Seguridad Interior aprobada en la cámara baja del Congreso de la Unión, se dio paso a legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en estas tareas.
Especialistas en Derechos Humanos consideran que la Ley aprobada va en detrimento de los derechos humanos y del principio de progresividad de los mismos, al avalar un modelo “fallido de seguridad”.
A casi 11 años de que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa pusiera en marcha de la política de seguridad militarizada, a decir de los especialistas hay “datos ampliamente conocidos que demuestran que la incorporación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ha tenido resultados desastrosos”.
Incluso, los especialistas en derechos humanos estiman que en lugar de contribuir a la solución de la crisis de violencia desde el punto de vista legislativo y promover una cultura de prevención de la seguridad y el fortalecimiento de las autoridades civiles encargadas de velar por la seguridad ciudadana, los legisladores federales aprobaron una ley que es absolutamente regresiva.
Con la norma, se establece que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en los estados y municipios con cierta temporalidad y no podrá exceder de un año, además estará sujeta a la colaboración de las entidades para contribuir a erradicar las amenazas que existe a la seguridad interior.
