Morelia/Redacción
Con el objetivo de que la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal se realice en condiciones óptimas, Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Poder Judicial de Michoacán y del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal, solicitó al gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, la ampliación presupuestal para la operación del nuevo sistema.
”Solicito, respetuosamente, se pueda instruir a la Secretaría de Finanzas a efecto de estudiar la posibilidad de hacer un planteamiento al Congreso del Estado para una ampliación presupuestal, tanto para el Poder Judicial de Michoacán, como para las Dependencias del Ejecutivo que tienen responsabilidades en el nuevo sistema de justicia penal, a efecto de cumplir con la nómina que implica este nuevo sistema”.
Lo anterior, en el marco de la sesión ordinaria del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal a la que asistieron como invitados especiales el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, así como María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo implementador a nivel federal.
Magaña de la Mora señaló que el Consejo implementador, integrado por representantes de los tres poderes del Estado, la academia y ciudadanía, tiene a su cargo la responsabilidad de que este sistema entre en las mejores condiciones, “Seguiremos muy atentos y con las actividades necesarias para que el próximo 7 de marzo, Michoacán pueda entrar en operación del nuevo sistema de justicia penal, fecha de relevancia ya que se conmemora el bicentenario de la instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en Ario de Rosales”.
En su oportunidad, el gobernador Jara Guerrero hizo uso de la palabra y comentó que “hay una absoluta voluntad del Ejecutivo del Estado para que continuemos con la implementación del nuevo sistema de justicia penal”, señaló que estará listo en los tiempos debidos, que es un sistema que da mayores garantías a la ciudadanía y mucha mayor confianza del sistema de justicia penal. Para ello, ha instruido al secretario de finanzas, de la prioridad del nuevo sistema, para trabajarlo de manera interna con el Congreso del Estado, así como para hacer gestiones en la federación.
