Morelia/Redacción
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena pidió a la Comisión Permanente exhortar al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que inicie una queja de oficio y realice una visita urgente al Cereso Francisco J. Mújica de Morelia para verificar las condiciones en que se encuentran las dos mujeres autodefensas encarceladas en ese penal.
Asimismo, exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación para que tome las medidas necesarias para que dentro de la brevedad posible las reubique en un penal femenil.
Recientemnete los medios de comunicación hicieron pública la decisión del padre Gregorio López de solicitar la intervención de Amnistía Internacional (AI) para denunciar las violaciones a derechos humanos que atestiguó durante su visita al estado de Michoacán, particularmente por el caso de dos mujeres integrantes de las denominadas autodefensas, que se encuentran presas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Francisco J. Mújica de Morelia, Michoacán, cuando éste es un penal exclusivo para varones.
De acuerdo con el testimonio del sacerdote, una de ellas denunció haber sufrido una violación sexual de la que resultó embarazada y que ahora está a punto de dar a luz; cuando aún no ha sido juzgada y las acusaciones por las que ingresó al penal al parecer fueron prefabricadas, pues de acuerdo con el religioso, al levantar la denuncia se le incriminó por el delito de portación de un arma de uso exclusivo del Ejército Mexicano, cuando en realidad no llevaba ninguna consigo.
Lo expuesto por el Padre Gregorio constituye una grave violación a los derechos humanos de estas dos mujeres, que al estar indebidamente encarceladas en los mismos separos que los otros 240 autodefensas varones, se encuentran mayormente expuestas y en un alto grade de vulnerabilidad que las coloca en permanente riesgo además de perpetuar la discriminación y violencia en su contra.
“Para el PRD esta situación es grave y debe cesar de manera inmediata. Las autoridades han vulnerado el principio de la debida diligencia, ya que no han actuado para evitar las discriminaciones directas surgidas de un proceso judicial que no ha tomado en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, generando con ello un trato discriminatorio y desfavorable con graves consecuencias para estas dos mujeres”, aseveró la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
El Estado debe asumir la responsabilidad por las acciones u omisiones que han cometido las instituciones en el incumplimiento de la erradicación de estas formas discriminaciones y de violencia.
Es pertinente que las autoridades competentes inicien las gestiones necesarias para su inmediata reubicación en un penal femenil y para que se inicie la investigación por los posible delitos de violencia sexual en contra de una de ellas, para que se le brinde la atención médica, psicológica y jurídica necesaria que permita la reparación de los daños causado, así como las previsiones y la atención de salud materno infantil, que requiere por su condición de embarazo.
Los hechos expuestos contienen elementos suficientes para determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos y actos de autoridad contrarios a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contrala Mujer (Belém do Pará), así como a los principio de igualdad y no discriminación máximos estándares de la tutela pro persona (en ese caso pro mujeres) que contiene el artículo 1 constitucional.
