Morelia/Acueducto
El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán mantiene sus puertas cerradas derivado de los adeudos con trabajadores, quienes demandan además un aumento salarial por el trabajo que aseguran realizan al atender entre un 80 y 90 por ciento de casos tanto en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y en el Poder Judicial.
Con pancartas en las oficinas, los trabajadores exigen el pago de compensación, aumento inflacionario y el incremento salarial, ello al precisar que hace más de 45 días que 121 personas de estructura y 43 de base, no han recibido el pago de la compensación garantizada.
A decir de Miguel Ángel Hernández, defensor público, es la única dependencia que no ha percibido aumento salarial en los últimos tres años.
Las oficinas que se encuentran paralizadas son de las regiones de Pátzcuaro, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro.
